La libertad religiosa de la que goza toda persona incluye el derecho a creer y a difundir sus creencias. En un estado neutral como el español, se reconoce el derecho a adoctrinar y hacer proselitismo, respetando el orden público y un espacio de inmunidad de coacción de toda persona, pero el Estado mismo no puede adoctrinar, ni juzgar las creencias ni tomar partido a favor o en contra de unas en particular. En la actualidad, estos principios se ven cuestionados por el peso de ideologías en boga que el propio Estado adopta como propias y que permite que se impongan, incluyendo su contenido en leyes o en materias educativas. Al mismo tiempo, los derechos a creer y a expresar las propias creencias se ven presionados por la existencia de estas ideologías favorecidas desde el poder. Urge una toma de conciencia de esta situación y de sus consecuencias sobre la libertad de individuos y grupos y sobre la neutralidad estatal, que no debe exigirse solamente respecto de la religión.