El 30 de diciembre de 2019, el PSOE y Unidas Podemos firmaron un Programa de Gobierno que contemplaba la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, para garantizar “la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas”. Unos días después, la competencia en materia de asuntos religiosos, que desde hacía siglos correspondía al Ministerio de Justicia, pasó al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. En consecuencia, los órganos estatales de libertad religiosa se adscribieron al citado Ministerio.

 Con este cambio de adscripción se ha pretendido, seguramente, conseguir un ejercicio más efectivo del derecho fundamental de libertad religiosa y darle una mayor relevancia institucional. Sin embargo, transcurridos más de dos años, surgen serias dudas de si el cambio ha sido a mejor. Por ejemplo, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa [CALR], que además de ser un órgano consultivo cumple la función de relación del Estado con las confesiones religiosas, no se ha reunido ni una sola vez durante todo este periodo....[SEGUIR LEYENDO]