Prácticamente, se cuentan con los dedos de una mano. Son una minoría abrumadora en los tribunales eclesiásticos españoles; máxime si alguien se asoma al mundo civil, donde las magistradas ya representan el 57,2% de la carrera judicial. Sin embargo, su mera presencia supone un salto histórico, teniendo en cuenta que hasta prácticamente antes de ayer ser juez era terreno vedado en la Iglesia. Con el Día Internacional de la Mujer (este 8 de marzo) como telón de fondo, ‘Vida Nueva’ se adentra en el ser y hacer de unas profesionales de la judicatura que están abriendo un camino a todas luces irreversible. “Dentro de mi condición de laica, vivo mi dimensión de canonista como algo muy vocacional”, comparte Carmen Peña, catedrática de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas y presidente de la Asociación Española de Canonistas. Acaba de ser nombrada estos días por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, juez diocesano ‘ad casum’, que, como ella misma relata, le lleva a “intervenir y juzgar aquellas causas que el vicario judicial me encomiende, bien dando el voto para su resolución, bien como ponente, redactando la sentencia definitiva”.

Aunque pudiera resultar exagerado defender que lleva la jurisprudencia eclesiástica en los genes, ella misma comparte que “descubrí en casa la belleza del Derecho Canónico y el servicio que prestan los tribunales eclesiásticos y los abogados canónicos a las personas separadas o divorciadas”. “Mi madre, Concha García Prous, era profesora de esta disciplina y abogada en ejercicio en causas matrimoniales”, aprecia como punto de partida.

Compaginó los estudios universitarios de Derecho y de Teología y, posteriormente, cursó la Licenciatura en Derecho Canónico mientras ejercía como abogada. En 1996, el hoy cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, quiso que se convirtiera en la primera mujer designada como defensora del Vínculo y promotor de Justicia del Tribunal Metropolitano de Madrid, pues siempre habían sido sacerdotes los que habían ejercido esta responsabilidad. “Afortunadamente, en poco tiempo fueron normalizándose los nombramientos de mujeres (y de varones laicos) para este cargo, equivalente al ministerio fiscal en el ámbito estatal”, aclara.

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